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23/01/2012

Hablando de seguridad, pensando en la demografía

 

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En una medida sin precedentes, en uno de las más controvertidos en la historia del derecho constitucional israelí, la Corte Suprema ha confirmado la constitucionalidad de una ley que impide la reunificación familiar en Israel entre los ciudadanos del estado y los residentes de la Autoridad Palestina (así como los ciudadanos de Irán, Irak, Líbano y Siria).

La ley de Ciudadanía y de Entrada en Israel es un caso especial, una ley con un propósito dominante diferente dentro del proceso legislativo y también en el examen de su constitucionalidad. Cuando la ley fue aprobada por primera vez en 2003, su propósito principal era la seguridad del Estado. Fue aprobada durante la Segunda Intifada, a iniciativa del servicio de seguridad interno – el Shin Bet – después de una serie de casos – la cifra exacta está en disputa – en los que el permiso de entrada en Israel fue utilizado para actividades terroristas.

Con el tiempo, sin embargo, surgió un nuevo propósito, un objetivo demográfico. Al final del día los jueces aceptaron por unanimidad el argumento del Estado de que el propósito de la ley estaba basado en la seguridad. Al mismo tiempo, resulta evidente que al menos para algunos de los jueces que impulsaron esa mayoría “hablaban de seguridad” pero “pensaban en la demografía”. Algunos incluso lo admitieron. La juez Miriam Naor señaló que el propósito de la ley era la seguridad pero que a la vez tenía consecuencias demográficas – aunque estos temas resultaban “indivisibles” -.

El juez Eliezer Rivlin explicó que “los Estados europeos están endureciendo las condiciones para la inmigración por razones demográficas”. El juez Edmond Levy, que inicialmente se situaba con la opinión minoritaria que pretendía revocar la ley, explicó que los judíos deben ser mayoritarios en un Estado judío y denunció lo que afirmó ser la implicación de los jueces que se quedaron en minoría “a la hora de poner su sello de aprobación en el denominado derecho de retorno de los refugiados de 1948″. Levy dijo que “el resultado podría haber sido diferente” si el Estado no hubiera insistido en utilizar el argumento de la seguridad en vez de plantear argumentos sobre “la composición de la población de Israel o los arreglos apropiados respecto a la inmigración”.

El vínculo inseparable que existe entre los argumentos de seguridad y los demográficos también se planteó en 2006, la última vez que la Corte Suprema deliberó sobre la ley de ciudadanía. En esa ocasión, los jueces Ayala Procaccia y Salim Joubran pusieron en duda la credibilidad del argumento de la seguridad, proponiendo que el verdadero propósito de la ley sería utilizar la ley de inmigración para evitar un aumento de la población árabe de Israel.

El episodio de la ley de ciudadanía se ha terminado. Al gabinete pronto se le exigirá que discuta un proyecto de ley que proponga un acuerdo marco integral para la inmigración. Ese es el lugar para preguntarse si ese acuerdo “también espera abordar la cuestión demográfica – es decir, la cuestión del significado de un Estado judío -, y si ese significado incluye la necesidad de fomentar la existencia de una mayoría judía en Israel”, tal como propuso el juez Eliezer Rivlin.

Shlomo Avineri, Amnón Rubinstein Amnón y Liav Orgad, autores del proyecto de política migratoria integral para el estado, fueron citados en el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ellos proponen basar en parte la política de inmigración de Israel en la definición del Estado como una democracia con un propósito específico, es decir, un Estado en el que el pueblo judío pueda ejercer su derecho a la libre determinación. Con referencia a esto, Eliezer Levy señaló que, precisamente, a la luz de la rectitud moral de este argumento: “En mi opinión, no está claro si la táctica de la seguridad adoptada por el Estado refuerza o debilita esta posición”. Esto plantea la pregunta de si ha llegado el momento de sacar la demografía fuera del armario.

Yoram Rabin – Haaretz
Traducción: Jose Antonio Safed-Tzfat

 

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23/01/2012

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